- La Cámara de Cuentas recomienda integrar previamente la regulación en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible y completar su tramitación.
- La ordenanza anterior fue anulada judicialmente y actualmente no existen restricciones de circulación derivadas de aquella regulación.
La futura zona de bajas emisiones de Guadalajara deberá superar los problemas de tramitación que llevaron a la anulación judicial de la anterior ordenanza. Un informe de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, conocido este mes de octubre, recomienda garantizar que la nueva regulación esté integrada previamente en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, además de completar el proyecto técnico y los procedimientos de información pública. La cuestión afecta directamente a los conductores que circulan habitualmente por la capital provincial.
El órgano fiscalizador ha examinado la implantación de zonas de bajas emisiones en los seis municipios castellanomanchegos de más de 50.000 habitantes: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo. Según el informe, Guadalajara era la única ciudad del grupo que había implantado una zona de bajas emisiones a 31 de marzo de 2025, fecha utilizada como referencia para la fiscalización. Sin embargo, su implantación también se produjo fuera del plazo inicialmente previsto por la legislación estatal.
La situación de Guadalajara presenta una particularidad relevante: la ordenanza aprobada en marzo de 2024 fue anulada en abril de 2026 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Las sentencias 178/2026 y 179/2026 apreciaron problemas relacionados con la ausencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible previo, requisito que debía haberse cumplido antes de aprobar la regulación. El Ayuntamiento decidió no recurrir las resoluciones judiciales y anunció su intención de elaborar una nueva ordenanza.
El informe de la Cámara de Cuentas insiste precisamente en la necesidad de respetar la secuencia de tramitación. Entre sus recomendaciones figuran la integración previa de la zona en el plan de movilidad, la elaboración del correspondiente proyecto técnico y la apertura de los procedimientos de participación e información pública. El objetivo es evitar que la nueva regulación vuelva a encontrarse con problemas jurídicos semejantes a los que provocaron la anulación de la anterior.
Para los conductores, la principal consecuencia práctica es que la antigua ordenanza no puede utilizarse actualmente para imponer restricciones de circulación. Su régimen sancionador permaneció suspendido y no llegó a aplicarse mediante multas. El Gobierno municipal ha anunciado una regulación diferente, con restricciones vinculadas a determinados niveles de contaminación, aunque su contenido definitivo dependerá de la nueva tramitación y de la aprobación de la correspondiente norma.
La cuestión también ha tenido efectos sobre el estacionamiento. Tras la anulación judicial, el Ayuntamiento eliminó una parte importante de las nuevas plazas de zona azul vinculadas a la antigua regulación y modificó las condiciones del aparcamiento disuasorio de Hermanos Fernández Galiano. La evolución de la futura zona de bajas emisiones será relevante tanto para los vecinos de Guadalajara como para quienes acceden diariamente desde Azuqueca, Cabanillas, Marchamalo y otros municipios del Corredor del Henares.
