- El Gobierno completa la primera transferencia del plan, dotada con 800 millones para todas las comunidades autónomas participantes.
- Madrid contará con 127,2 millones este año y Castilla-La Mancha con 32 millones para políticas públicas de vivienda.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha completado este viernes la transferencia de los primeros 800 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a las comunidades autónomas. La anualidad de 2026 asigna 127,2 millones a la Comunidad de Madrid y 32 millones a Castilla-La Mancha, dos cantidades que tendrán aplicación también en los municipios del Corredor del Henares cuando las administraciones autonómicas desarrollen las líneas y programas financiados con estos recursos.
El nuevo plan dispone de una inversión conjunta de 7.000 millones de euros hasta 2030. De esa cantidad, el Estado aportará 4.200 millones y las comunidades deberán movilizar al menos otros 2.800 millones, lo que configura un sistema de financiación del 60% estatal y 40% autonómica. Madrid contará durante todo el periodo con una inversión prevista de 1.113 millones, mientras Castilla-La Mancha alcanzará los 280 millones sumando ambas administraciones.
La planificación establece que al menos el 40% de los fondos se destine a construcción y adquisición de viviendas, otro 30% a rehabilitación y el 30% restante a medidas de apoyo para colectivos y territorios con mayores dificultades. Además, las viviendas construidas con financiación del plan deberán mantener de forma permanente su protección pública, uno de los principales cambios introducidos respecto a anteriores programas estatales.
El plan incorpora también ayudas dirigidas a rehabilitación, alquiler asequible y movilización de vivienda vacía, además de medidas específicas para jóvenes. Entre ellas figura una ayuda de hasta 15.000 euros para menores de 35 años que compren o construyan su primera vivienda en municipios pequeños, siempre que se cumplan los requisitos territoriales y económicos que establezca el programa definitivo en cada caso.
Para el Corredor, la transferencia abre una nueva fase en la que Madrid y Castilla-La Mancha deberán ejecutar sus respectivas políticas utilizando los recursos ya distribuidos. La repercusión concreta en Alcalá, Torrejón, Coslada, San Fernando, Guadalajara, Azuqueca y otros municipios dependerá ahora de las convocatorias, promociones y actuaciones que apruebe cada administración autonómica, por lo que esos desarrollos deberán seguirse de forma separada a medida que se publiquen.
