- La investigación atribuye a la trabajadora 13 compras por más de 220 euros y otros 11 intentos de cargo.
- La Policía inició las pesquisas después de que un familiar detectara movimientos bancarios que no correspondían con los gastos habituales.
La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a una mujer que trabajaba como auxiliar de enfermería en una residencia de mayores como presunta autora de delitos de estafa y hurto. La investigación sostiene que la trabajadora habría sustraído la tarjeta bancaria de una residente de avanzada edad y en una situación de especial vulnerabilidad para utilizarla posteriormente en diferentes establecimientos comerciales.
Las pesquisas comenzaron después de que un sobrino de la residente, autorizado para operar en su cuenta bancaria, detectara varios cargos que no coincidían con los gastos habituales relacionados con sus cuidados. La mujer se encontraba ingresada permanentemente en el centro debido a su grave estado de salud, circunstancia que llevó a los investigadores a examinar el origen de los movimientos realizados con la tarjeta.
El análisis de los extractos permitió localizar 13 compras efectuadas en distintos establecimientos por un importe conjunto superior a 220 euros. Según la información facilitada por la Policía, se trataba de operaciones de pequeñas cantidades que habrían permitido mantener los cargos por debajo de niveles que pudieran despertar sospechas inmediatas. Los investigadores detectaron además otros 11 movimientos que no llegaron a completarse y que sumaban aproximadamente 180 euros.
La investigación se centró posteriormente en el entorno profesional de la residencia y terminó señalando a una de sus trabajadoras. Los agentes consideran que la sospechosa habría aprovechado su condición de auxiliar de enfermería y el acceso que tenía a las pertenencias de las personas residentes para apoderarse de la tarjeta y utilizarla para gastos personales, extremo que deberá determinarse ahora dentro del procedimiento judicial.
El operativo concluyó con la localización y detención de la trabajadora, que ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente. La Policía no ha difundido la identidad de la detenida ni de la residente y la información conocida no precisa el centro de mayores en el que se produjeron los hechos, por lo que esos datos deben mantenerse fuera de la información mientras no exista confirmación oficial.
El caso vuelve a poner el foco sobre la protección económica de personas mayores o dependientes que no pueden supervisar directamente sus cuentas y pertenencias. En esta investigación, la detección de movimientos anómalos por parte de un familiar autorizado permitió denunciar los hechos y activar las comprobaciones policiales que terminaron con la detención de la trabajadora.
