- El nuevo Grado III+ permitirá financiar ayuda a domicilio o asistencia personal para personas con ELA y otras enfermedades irreversibles.
- Las solicitudes tendrán tramitación preferente, un máximo de tres meses para resolverse y efectos económicos desde su presentación.
Las personas con ELA en fase avanzada de Guadalajara, Azuqueca de Henares y el resto de Castilla-La Mancha podrán acceder a un nuevo nivel reforzado de protección para afrontar sus necesidades de cuidados. El decreto que adapta la normativa autonómica a la Ley ELA se publica este lunes, 5 de octubre, y contempla prestaciones de hasta 9.859 euros mensuales para financiar ayuda a domicilio o asistencia personal en los casos de mayor complejidad.
La principal novedad es la incorporación del denominado Grado III+ de dependencia extrema, destinado a personas con esclerosis lateral amiotrófica en fase avanzada y también a pacientes con otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. Las prestaciones asociadas podrán alcanzar los 9.859 euros mensuales cuando sea necesario financiar cuidados profesionales intensivos, una medida que entrará en vigor el martes 6 de octubre.
La regulación incorpora además una protección adicional financiada con recursos propios de Castilla-La Mancha. Cuando la atención profesional reconocida sea inferior a 480 horas mensuales, podrá compatibilizarse con la prestación económica destinada a cuidados en el entorno familiar, que en estos casos se reconocerá en su cuantía máxima. El objetivo es permitir que los cuidados profesionales y familiares puedan coexistir cuando las necesidades de atención no queden cubiertas exclusivamente mediante servicios especializados.
Los procedimientos vinculados a estas situaciones tendrán carácter preferente y deberán resolverse en un plazo máximo de tres meses. Los efectos económicos se reconocerán desde la fecha de presentación de la solicitud, por lo que esta referencia será especialmente relevante para las familias que inicien el procedimiento una vez que la nueva regulación se encuentre en vigor.
La estimación autonómica sitúa en alrededor de 50 las personas que podrían beneficiarse cada año de estas medidas específicas en el conjunto de Castilla-La Mancha. El impacto económico previsto asciende a unos 3,7 millones de euros anuales, mientras que la aplicación territorial incluye también a los posibles beneficiarios residentes en Guadalajara, Azuqueca de Henares y el resto de municipios de la provincia.
