- El tribunal considera desproporcionado acceder a las comunicaciones de los investigados para esclarecer el origen de la filtración.
- La decisión afecta a la alcaldesa, el concejal de Seguridad, el director de Comunicación y el exjefe de Policía Local.
La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado autorizar la intervención de las comunicaciones de los investigados en la causa abierta por la presunta filtración de un informe de la Policía Local de Alcalá de Henares. Entre los teléfonos cuyo acceso habían solicitado las acusaciones se encontraban los de la alcaldesa, Judith Piquet; el concejal de Seguridad; el director de Comunicación del Ayuntamiento y el entonces jefe de la Policía Local.
La resolución desestima el recurso presentado por la Fiscalía, al que se adhirieron el exjefe de la Policía Local, que figura como denunciante, y el PSOE. La Sala considera que acceder a mensajes y llamadas supondría una afectación al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y entiende que la medida solicitada no reúne los requisitos de necesidad, utilidad y proporcionalidad exigibles para autorizar una diligencia de estas características.
La investigación está relacionada con la difusión de una fotografía de información policial que terminó publicada en la red social X. Los hechos investigados se remontan a enero de 2024 y la causa trata de determinar cómo salió esa información del ámbito policial y municipal y cuál fue la participación concreta de las personas investigadas. La resolución de la Audiencia afecta exclusivamente a la petición de intervenir sus comunicaciones y no supone el archivo de la investigación.
Según el relato recogido en el auto, la información pasó por diferentes personas antes de su publicación, circunstancia que dificulta individualizar el origen de la filtración. Fuentes de la defensa de Piquet sostienen que continúa sin existir una prueba objetiva que permita acreditar cómo llegó la fotografía al destinatario que posteriormente difundió el contenido ni determinar la actuación concreta de cada investigado.
La decisión de la Audiencia cierra esta vía concreta de investigación al considerar que el acceso a las comunicaciones sería una medida desproporcionada para los hechos examinados. La causa deberá continuar, por tanto, con las diligencias y elementos probatorios que ya formen parte del procedimiento o con aquellas actuaciones que puedan acordarse dentro de los límites establecidos por el tribunal.
