- La nueva normativa impide considerar correctamente implantadas las zonas de bajas emisiones sin acreditar restricciones, controles y sanciones efectivos.
- La reforma afecta a municipios del Corredor del Henares obligados a establecer estas zonas, como Alcalá, Torrejón, Coslada y Guadalajara.
Las zonas de bajas emisiones (ZBE) tendrán que acreditar que aplican de forma efectiva sus restricciones de tráfico y su régimen sancionador a partir del próximo 26 de noviembre. El Gobierno ha aprobado una modificación de la normativa estatal que refuerza las obligaciones de los ayuntamientos y elimina la posibilidad de justificar su implantación mediante sistemas transitorios de avisos sin sanciones efectivas.
El cambio se recoge en el Real Decreto 953/2026, publicado el 6 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado. La reforma afecta a las entidades locales obligadas a establecer zonas de bajas emisiones, entre ellas las ciudades de más de 50.000 habitantes. En el Corredor del Henares, esta obligación alcanza a municipios como Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada y Guadalajara.
La nueva regulación exige que los consistorios acrediten la entrada en vigor de las prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento según el potencial contaminante de los vehículos. También deberán justificar que funcionan los mecanismos de control, monitorización y seguimiento, además de demostrar la aplicación efectiva del régimen sancionador previsto en la legislación de tráfico.
Los ayuntamientos tendrán que remitir esta documentación tanto al Ministerio para la Transición Ecológica como al órgano autonómico competente en materia medioambiental. Entre las obligaciones figura también acreditar la integración de la zona de bajas emisiones con el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la Dirección General de Tráfico. Mientras no se reciba la documentación requerida, la implantación no se considerará correctamente acreditada.
La modificación responde a las deficiencias detectadas durante los primeros años de funcionamiento de estas zonas, especialmente los periodos de avisos excesivamente prolongados y las restricciones que no llegan a aplicarse de manera efectiva. El objetivo del Gobierno es garantizar que las medidas contribuyan a reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire, evitando que las zonas de bajas emisiones existan únicamente sobre el papel.
La entrada en vigor del real decreto no supone que todos los conductores vayan a recibir nuevas multas automáticamente el 26 de noviembre. Las restricciones concretas dependerán de las ordenanzas municipales aplicables en cada localidad, que deberán ajustarse a las nuevas exigencias estatales.




