- La Dirección General de Atención al Mayor mantiene en curso una inspección para esclarecer las acusaciones difundidas por extrabajadoras.
- Los testimonios denuncian presuntas agresiones, falta de cuidados, problemas de higiene y posibles negligencias en la atención a residentes.
La denuncia de presuntos malos tratos y negligencias en una residencia de mayores de Torrejón de Ardoz ha dado un nuevo paso con la apertura de una investigación por parte de la Comunidad de Madrid. La Dirección General de Atención al Mayor mantiene en curso una inspección después de conocerse los testimonios de antiguas trabajadoras del centro, que han relatado supuestas agresiones, vejaciones y deficiencias en los cuidados prestados a algunos residentes.
La investigación supone una novedad respecto a la información conocida inicialmente, cuando las acusaciones habían sido difundidas públicamente por una extrabajadora a través de RTVE. El Ayuntamiento de Torrejón ha confirmado este miércoles que contactó con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales tras conocer el caso y que la Dirección General de Atención al Mayor puso en marcha una inspección que todavía no ha concluido.
El testimonio que originó el caso describe presuntas agresiones y vejaciones a residentes, falta de higiene y cuidados básicos y racionamiento de comida. La antigua empleada sostiene además que comunicó internamente algunas de estas situaciones y que posteriormente fue presionada para firmar documentación con una cláusula de confidencialidad. Según su relato, llegó a llamar a la Policía para poder abandonar las instalaciones después de negarse a hacerlo.
A las acusaciones de la extrabajadora se han añadido testimonios de familiares. RTVE ha recogido, entre otros casos, la denuncia de una familia que atribuye a una presunta desatención médica el deterioro sufrido por un residente antes de su fallecimiento. Son acusaciones formuladas por trabajadores y familiares que deberán ser contrastadas dentro de las investigaciones correspondientes y que, por el momento, no constituyen hechos acreditados judicialmente.
El centro señalado declinó realizar declaraciones cuando RTVE recabó su versión para el reportaje inicial. La novedad conocida este miércoles es que la administración autonómica competente en la supervisión de residencias sí ha activado ya una inspección. El Ayuntamiento ha pedido prudencia mientras se desarrolla el procedimiento y ha señalado que permanecerá pendiente de sus conclusiones y de las posibles responsabilidades que puedan derivarse.
La investigación deberá determinar ahora si las situaciones denunciadas se produjeron y si la atención prestada cumplió las obligaciones exigibles al centro. Hasta que concluya la inspección, las acusaciones deben mantenerse en el terreno de la denuncia y no darse por probadas, mientras las actuaciones de la Dirección General de Atención al Mayor continúan abiertas.
