- La propuesta fija un profesor por cada 70 alumnos de Bachillerato y FP de grado medio o superior.
- El comité de huelga rechaza el aumento de las dotaciones obligatorias y estudia solicitar su suspensión judicial.
La Comunidad de Madrid ha anunciado una modificación de los servicios mínimos establecidos para la huelga indefinida de la enseñanza pública, iniciada el pasado 14 de octubre. La propuesta incorpora nuevas exigencias para los centros de Bachillerato y Formación Profesional, con especial atención al alumnado de segundo de Bachillerato que deberá presentarse a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). El comité de huelga ha rechazado el endurecimiento de las condiciones y ha anunciado su intención de acudir a los tribunales.
El Consejo de Gobierno examinó el miércoles 11 de noviembre el informe sobre los cambios previstos en la orden que regula los servicios esenciales durante los paros. El Ejecutivo regional sostiene que pretende garantizar la continuidad de la actividad educativa y evitar que la prolongación del conflicto perjudique la adquisición de conocimientos, la evaluación y la titulación de los estudiantes. La nueva regulación tendrá que trasladarse al comité de huelga y publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para entrar en vigor.
Una de las principales novedades consiste en establecer un profesor por cada 70 alumnos de Bachillerato, FP de grado medio y superior y cursos de especialización. Hasta ahora, estos estudios compartían la referencia fijada para Secundaria. En segundo de Bachillerato, los docentes responsables de materias evaluables en la PAU deberán garantizar inicialmente al menos el 50% de las horas lectivas semanales, porcentaje que aumentará progresivamente hasta el 90% a medida que se acerquen las pruebas.
La propuesta mantiene un maestro por cada 50 escolares en los colegios y un profesor por cada 90 estudiantes en Secundaria y FP de grado básico. También contempla dotaciones adicionales en los últimos cursos de determinadas etapas y servicios mínimos para garantizar evaluaciones, calificaciones y otros procedimientos académicos que no puedan aplazarse. La Consejería prepara, además, instrucciones sobre planes de refuerzo para estudiantes afectados por la pérdida de clases.
Las organizaciones convocantes consideran que el incremento de los servicios mínimos limita el ejercicio efectivo del derecho de huelga. El comité ha anunciado que, cuando se apruebe la nueva orden, solicitará medidas cautelarísimas para tratar de suspenderla. También reclama que la Consejería negocie las reivindicaciones laborales y educativas que motivaron los paros, en lugar de centrar las conversaciones únicamente en las dotaciones obligatorias.
El conflicto afecta a los centros públicos del conjunto de la Comunidad de Madrid, incluidos los colegios e institutos de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada, San Fernando de Henares y otros municipios del Corredor. La aplicación definitiva de las nuevas medidas dependerá de su aprobación y publicación oficial, mientras continúa abierta la controversia entre la administración y los representantes del profesorado.




